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El Ayuntamiento de Pontevedra cede dos parcelas de O Campiño

El Ayuntamiento de Pontevedra ha traspasado dos parcelas del polígono de O Campiño a Asempo, Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Pontevedra, y Sigalsa, Suelo Industrial de Galicia.

Este traspaso es consecuencia de una resolución del TSXG, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la que se obliga al Ayuntamiento a compensar a estas empresas por el proyecto fallido del polígono de O Vao.

Así, Asempo y Sigalsa han recibido cerca de 10.000 metros cuadrados en O Campiño como compensación a la cantidad correspondiente al IVA de los terrenos de O Vao que se dieron de baja en el inventario municipal de bienes.

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Multan a una empresa por no hacer efectivo el derribo de su nave impuesto por el TSXG

La empresa Gesai ha recibido una multa por parte de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta por no hacer efectivo el derribo impuesto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En diciembre de 2008 el TSXG ratificó el derribo de la nave que esta empresa tiene en el polígono industrial de Suevos, en el terreno del antiguo matadero de Mafriesa, por vulnerar la ley de cosas.

El TSXG dictaminó en su momento que cuando se concedió la licencia el suelo estaba calificado como no urbanizable, aunque las edificaciones de la ampliación de Suevos contaban con el aval de los informes técnicos  del Ayuntamiento de Arteixo.

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Denuncian carreras ilegales en el polígono de O Pousadoiro

Los empresarios y trabajadores del polígono de O Pousadoiro han denunciado ante el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa la falta de seguridad del polígono.

Tal es la situación, que se han detectado carreras nocturnas de coches y asentamientos de caravanas. Por ello los empresarios reclaman más presencia policial.

Cada vez hay más empresas en O Pousadoiro lo que aumenta el riesgo de accidentes, ya que aunque las carreras se hacen por la noche, hay empresas con turno de noche.

Los empresarios denuncian también el asentamiento de carvanas, prohibido por ley, desde hace unos días en el polígono. Esta denuncia no es sólo por los problemas que provocan con los usuarios, si no también por la competencia desleal con los campings de la zona.

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Los empresarios de Cangas se plantean financiar la urbanización de A Portela

Los empresarios instalados en A Portela, Cangas, están dispuestos a correr con los gastos de la redacción del proyecto de urbanización de los 200.000 metros cuadrados que están sin desarrollar.

De esta manera, conseguirían arreglar la situación irregular en la que están 28 empresas que tienen licencias provisionales.

Tras una reunión entre los empresarios afectados, han decidido reunirse hoy con la alcaldesa de Cangas para intentar llegar a una solución, ya que A Portela lleva desde 1994 considerada como suelo industrial pendiente de desarrollar un PERI que sigue sin llegar.

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Megasa tiene cinco años para legalizar su situación

El Ayuntamiento de Vilagarcía y la nueva dirección de Megasa han llegado a un acuerdo para solucionar la situación de la fábrica de la empresa, que está fuera de la ordenación urbanística.

Así, la empresa tiene un plazo de cinco años para legalizar la fábrica o buscar otra ubicación dentro de un polígono.

De esta manera se asegura la continuidad de la empresa y la seguridad de los 150 trabajadores que operan en ella.

Para que Megasa reciba la licencia completa deberá cumplir los requisitos ambientales y de ordenación urbanística.

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El Ayuntamiento de Cangas tiene 2 meses para cerrar la hormigonera de A Portela

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la sentencia que declara nula la licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Cangas a la hormigonera de Luis Barros.

Por ello la empresa tendrá que demoler la nave, ya que la licencia que tenía era provisional, y según la Lei de Solo de Galicia no se pueden conceder permisos provisionales para uso industrial y residencial.

No obstante este no es un caso aislado, ya que las empresas ubicadas en A Portela están todas en la misma situación de provisionalidad, pendientes de la licencia definitiva.

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El TSXG ratifica el cierre de una empresa en Cambre

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de Cambre de suspender la actividad de Armaduras Metálicas Lambda, S.L.

Múltiples vecinos y autoridades municipales denunciaron el desarrollo de la actividad de ferralla por la noche. Como consecuencia, el Ayuntamiento decidió cerrar la fábrica que esta empresa tiene en la parroquia de Pravio por no tener los permisos necesarios para ésto.

En 2006, el Ayuntamiento de Cambre tuvo que cortar el suministro de agua, luz y telefonía dela empresa porque se negaba a acatar la decisión municipal.

Al no estar de acuerdo, Armaduras Metálicas Lambda recurrió la sentencia, pero el TSXG le ha dado la razón al Ayuntamiento.

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El TSXG ordena tirar la urbanización de Suevos

El TSXG, Tribunal de Xustiza de Galicia, ha ratificado la resolución de Política Territorial que obliga a tirar las obras de urbanización ejecutadas en el polígono de San Martín de Suevos por ir en contra de la ley de costas.

El polígono industrial está ubicado en los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa, y fue posible por un plan especial de ordenación de 2003 que calificó como industrial el terreno.

La sentencia del TSXG, que todavía no es firme ya que puede ser recurrida, deniega a una empresa la solicitud de impugnar la resolución de la Xunta del 25 de diciembre de 2005. Los propietarios apelaban que la denominación de suelo industrial era anterior a la Ley de Costas.

 En 2005 Política Territorial abrió un expediente de reposición de la legalidad urbanística y ordenó la paralización de las obras del polígono como medida cautelar.

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La APLU obliga a demoler una nave en Pontevedra

La APLU, Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, ha mandado demoler una nave de 2.900 metros cuadrados por ser ilegal.

La resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se declara ilegal la nave es del año 2005. Desde el primer momento la Xunta ordenó la demolición de esta nave porque está en suelo rústico.

No obstante el propietario no lo hizo en el tiempo estimado por lo que recibió múltiples multas hasta que se consiguió que cumpliera con lo establecido.

Esta asociación nace en 2002 con el fin de velar por el uso racional del suelo y la adecuada ordenación del territorio, para lo que tiene personalidad jurídica.

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El proyecto de reparcelación de O Allo está listo para la aprobación

El Ayuntamiento de Zas ya ha recibido el proyecto de reparcelación de O Allo, requisito para poder legalizar las empresas de la zona.

Este proyecto deberá ir al pleno municipal para su aprobación inicial, tras lo que quedará público durante 20 días. En este plazo los vecinos podrán presentar las alegaciones que crean oportunas.

Una vez pase este periodo, queda pendiente urbanizar la zona para dotarla de los servicios necesarios para que las empresas instaladas en la zona puedan pedir las licencias municipales y regularizar así su situación.

En O Allo existe una zona de 70.000 metros cuadrados de los que cerca del 70 por ciento ya están ocupados por naves industriales a pesar de que todavía no es un polígono industrial legal.

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La Xunta amenaza con el cierre a una empresa de Culleredo

La Consellería de Medio Ambiente ha amenazado a Frigoríficos Conchado con el orden de cese de actividad por no cumplir con los requerimientos de la Xunta y no tener presentada la Autorización Medioambiental Estratégica.

El plazo para presentar esta autorización terminó el 30 de abril, pero Frigoríficos Conchado ha ampliado el plazo seis meses para poder presentarlo. Según la Consellería esta empresa no está haciendo nada al respecto.

En los últimos tres años esta firma ha acumulado sanciones por valor de 20.000 euros y dos expedientes sancionadores abiertos por vertidos a la ría de O Burgo, donde está situada la empresa.

En caso de que la firma no ponga solución a esta situación, se abriría un expediente que implicaría el cierre de la empresa, con lo que cerca de 150 personas se quedarían sin trabajo.

Desde la empresa han comunicado que si no han presentado la documentación es porque llevan cerca de dos años sin vertidos en la ría, y que en el mes de mayo se selló el emisario de las instalaciones.

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Un nuevo decreto regulará las inpecciones industriales

La Xunta de Galicia aprobará hoy un proyecto de decreto sobre las inspecciones industriales en Galicia para regular esta actividad en función de la Ley de Seguridad Industrial.

Una vez aprobado este decreto los inspectores pasarán a ser agentes de seguridad, y se regularán sus funciones, obligaciones e incompatibilidades así como se establecerá el procedimiento y los requisitos  para ingresar en este cuerpo.

Otro de los puntos que recoge el decreto es la elaboración y aprobación periódica de inspecciones programadas para controlar zonas geográficas o sectores industriales que necesiten algún tipo de vigilancia especial en ese momento.

Los protocolos de actuación de los inspectores, los documentos que deberán cumplimentar para los informes también están regulados en base al decreto.