La Xunta quiere poner en orden el caos urbanístico que durante décadas ha puesto patas arriba el territorio gallego. Este propósito conlleva la demolición de cientos de viviendas levantadas en suelo rústico pero también abre la puerta a la regularización de edificaciones construidas antes de 2003, es decir anteriores a la Lei do Solo. Se trata de viviendas y, sobre todo, naves industriales sobre las que no pesa ninguna orden de derribo. Bajo esta premisa, la Consellería de Medio Ambiente regularizó un total de 875 edificaciones ilegales, de las que el 80% corresponden a actividades empresariales y el 20% restante a usos residenciales.
El balance de las casi 900 construcciones legalizadas hecho público ayer por la Consellería de Medio Ambiente corresponde a edificaciones levantadas en suelo rústico, cuya competencia corresponde a la Xunta. Sobre las construcciones en suelo urbano, el departamento de Medio Ambiente carece de datos ya que, según apunta, dependen de los ayuntamientos, que por el momento no han facilitado información sobre el resultado de las solicitudes presentadas.
Este volumen de construcciones legalizadas en 2011 (un total de 55) y 2012 (820) es resultado de la moratoria de la Lei do Solo de 2010 por el que la Xunta dio un plazo de dos años para la regularización de naves y viviendas levantadas antes de 2003 en suelo rústico de uso común al margen del planeamiento urbanístico. En ese periodo, los concellos recibieron un total de 6.295 peticiones de las que un total de 4.455 (el 71%) corresponden a viviendas y las 1.840 restantes (29%) a naves. Las condiciones para que esta regularización sea efectiva consisten en que no se trate de zonas verdes ni espacios públicos, que ya existieran con anterioridad al 1 de enero de 2003, que no estén incursas en ningún expediente y que a la entrada en vigor de la reforma (2010) hubieran transcurrido al menos seis años sin que ninguna administración adoptase medida de reposición de la legalidad.
La modificación legal promovida por el Ejecutivo gallego permitirá a los propietarios beneficiados por la moratoria acometer obras de conservación en las viviendas y naves pero no de ampliación. En el caso de las naves, su regularización permitirá mantener la actividad económica, que en el caso de las más de 1.800 solicitudes presentadas sustentan entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo. Las provincias de Lugo y Pontevedra concentran el mayor volumen de propietarios que pidieron regularizar sus viviendas y naves (2.322 en el primer caso y 1.905 en el segundo). Le sigue la provincia de Coruña con un total de 1.240 demandas de regularización y cierra la lista Ourense con 827 peticiones.
Fuente: farodevigo.es