Una vez que se ratifique esta tarde la impugnación de las operaciones de compraventa, el abogado del Estado elaborará un informe, según manifestaron las fuentes consultadas, para determinar si existen indicios de irregularidad por parte de Zona Franca en la gestión de las actuaciones de Cangas y de Salceda. La razón es la ausencia de estudios de viabilidad económica y el enorme déficit que ocasionarían al organismo estatal las dos actuaciones industriales si llegaran a ejecutarse.
En virtud de los informes encargados por la actual dirección, el Consorcio estima que podría vender el metro cuadrado de suelo a las empresas en Cangas a 90 euros (15.000 pesetas). Para ello ha tomado como referencia el precio aplicado en el polígono de Castiñeiras, que se encuentra en las inmediaciones, y donde el precio por metro fue de 70 euros. La inversión prevista en el polígono de Cangas era de 87 millones de euros, de los que 12,6 se destinarían a la compra de los terrenos.
En el caso de Salceda el parque tendría una superficie de 89,1 hectáreas (890.000 metros cuadrados), de las que actualmente sólo están calificadas como suelo industrial 42. La compensación de 156.000 metros, ya urbanizados, al empresario que vendió la concesión de explotación de arcilla, provocaría que sólo el Consorcio sólo podría disponer de 207.000 metros cuadrados de suelo para vender a las empresas. La inversión prevista superaba los 44 millones de euros, mientras que el precio por metro cuadrado que podría aplicar Zona Franca (120 euros), sólo permitiría recuperar 24 millones. La actuación está en una fase más atrasada que la de Cangas, y el Consorcio aún no ha adquirido los terrenos. Hasta la fecha sólo había comprado la concesión de explotación de arcilla, que incluía la compensación en suelo industrial valorada en 18 millones.
Pleno
El pleno de Zona Franca está presidido por Corina Porro, y su vicepresidente es el delegado del Consorcio, Francisco López Peña. Como vocales participan Pedro Conde, Manuel Rodríguez, Javier Riera, Joaquín Bobillo, Luis Lara, José Manuel Figueroa, Ventura Pérez Mariño, Xulio Calviño, Lois Castrillo, Xabier Toba, Rafael Louzán, Julio Pedrosa y José García Costas. También están el secretario general del ente, Santiago López-Guerra, y el abogado del Estado, Juan José Vázquez.
Faro de Vigo, 12 de enero de 2005