El Consejo de Ministros aprobó, el viernes pasado, el proyecto de reforma de la Ley de Costas, vigente desde 1988, que ampliará las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual.
Se diseñará un régimen especial para 11 zonas problemáticas a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y reducirá la definición de dominio público. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros.
El texto del anteproyecto justifica la reforma en que la ley vigente ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. El Ejecutivo asegura que la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”.
Según el Gobierno, la ampliación en 75 años de las concesiones de uso del dominio público, que empezaban a caducar en 2018, es necesaria para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La nueva ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público otros 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel, Alicante, Puerto de Santa Pola, Alicante, Marina de Empuriabrava, Girona, Platja d´Aro, Girona, la ría de Punta Umbría, Huelva, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo, Huelva, Pedregalejo y El Palo, Málaga, y Oliva, Valencia. Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender. En total, se salvarán unas 10.000 viviendas.
El texto excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
También exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava, Girona, al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
Las industrias, “extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera” situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
