La ocupación de Área 33 se duplica

Xestur Pontevedra estima que actualmente la ocupación del polígono de Área 33, en Silleda, es del 90 por ciento, duplicando su ocupación desde noviembre de 2005.

Esta ocupación es en gran medida fruto de la política de la Xunta, que persigue la corrupción, ya que la Xunta avisó de que revocarían el contrato de las empresas que incumplieran el plazo de inicio de la construcción de las naves.

Pese a estas medidas, todavía hay empresas que han superado el plazo indicado para la construcción de las naves y todavía no han empezado las obras. En estos casos Emilio Quintillán, gerente de Xestur Pontevedra, está manteniendo negociaciones con estos propietarios para recuperar el suelo y ponerlo de nuevo a la venta junto con la nueva fase.

Medio Ambiente busca un gestor para tratar residuos

La Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente ha descubierto en una nave del polígono de O Morelle, en Sarria, residuos que superan las mil toneladas de desperdicios rechazados no reciclables.

Las investigaciones de la Dirección Xeral han confirmado que los residuos proceden de Alemania y que la Consellería de Medio Ambiente está buscando gestores para transportar y tratar tal cantidad de desperdicios.

Mientras las investigaciones no estén más avanzadas y no se dictamine lo contrario, los propietarios de la nave sarriana donde se encontraron los residuos no deberán correr con los gastos del tratamiento de los residuos.

En estos momentos las investigaciones las está realizando la Fiscalía de Medio Ambiente.

Sancionan otra nave ilegal en Verín

La Consellería de Política Territorial se está tomando en serio la nueva política de la Xunta, y por ello ha abierto un expediente a una nave en Verín. En este caso la nave pertenece a Primosca, y está situada cerca del cementerio, en la calle Rosalía de Castro.

La ilegalidad que se le imputa a la nave, es el estar construida sobre terrenos calificados como libres. Ante la denuncia hecha por el propio Ayuntamiento de Verín, Política Territorial envió a sus técnicos para completar el expediente.

La conclusión a la que han llegado dichos técnicos, es que la nave está construida sin licencia urbanística municipal, y que según el PXOM estos terrenos son suelo urbano no consolidado.

Nueva ley de ordenación del territorio y del litoral

El Consello de la Xunta aprobó a principios de mes el anteproyecto de la Ley de Medidas Urgentes de Protección en materia de ordenación del territorio y del litoral.

Lo que más sorprende de esta nueva norma es la rapidez con la que se ejecutará, ya que podría entrar en vigor en dos meses. Por ello se tramitará con carácter de urgencia en el Parlamento.

La principal medida que recogerá esta ley, es la paralización de las obras que estén a menos de 500 metros de la costa o de los ríos afectados por la interacción de mareas.

Pero esta ley es de carácter transitorio, ya que en dos o tres años los Ayuntamientos tendrán que adaptar sus planes urbanísticos a esta ley o al Plan de Ordenación General que apruebe la Xunta.

Para garantizar que se cumplan estas iniciativas, se creará el Instituto de Estudio del Territorio, que tratará de ayudar a los Ayuntamientos en la elaboración de sus planes urbanísticos.

La ley abrirá la posibilidad de instalación de placas solares fotovoltaicas no eólicas en suelo rústico.

Los propietarios de O Pino no podrán ir al justiprecio

Cerca de setenta propietarios del polígono industrial de O Pino no podrán acudir al justiprecio por haber presentado fuera de plazo el recurso contra la valoración de los terrenos, seis euros por metro cuadrado. Tan sólo nueve propietarios presentaron el recurso a tiempo.

Así, a la inmensa mayoría de los propietarios sólo les queda presentar un recurso de reposición en el Ayuntamiento y acudir al contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El problema en el plazo para presentar el recurso surge en la interpretación del mismo, ya que el Ayuntamiento considera que el plazo es en función de cuándo el propietario recibió la carta certificada, y los propietarios interpretan que el plazo finalizaba a los 20 días de la publicación en el DOG.

Desde el ayuntamiento defienden que la publicación en el DOG iba dirigida exclusivamente a los propietarios de “domicilio desconocido”.

La Xunta intenta erradicar la especulación en terreno público

La Consellería de Vivenda e Solo aplicará en los polígonos de Plisán, Mos y A Reigosa, los tres en la provincia de Pontevedra, las nuevas medidas de la Xunta para evitar la especulación.

Así, la Xunta obligará a los compradores de las parcelas a pedir la licencia en el plazo de un año, y a construir la nave en menos de tres años. En caso de que no se cumplan estos requisitos la Consellería de Vivenda recuperará las parcelas con el precio original, y una penalización del 20 por ciento.

Para la adjudicación de las parcelas se valorarán aspectos como la actividad, la oferta económica o la iniciativa de jóvenes empresarios.

Cerca del cuarenta y cuatro por ciento de las parcelas construidas en los últimos dieciséis años están vacías, y una gran parte de ellas fueron adquiridas con la idea de revenderlas.

No obstante la Xunta intentará crear en los próximos ocho años cera de 20 millones de metros cuadrados para dar salida a la demanda existente en Ferrol, A Coruña, Santiago y Vigo.

El polígono de Padrón está congelado

El polígono industrial de Vilar, en A Escravitude, está paralizado debido a que no está adaptado a la nueva Ley de Suelo.

Para que se pueda desarrollar el polígono, habría que modificar algunos puntos del Plan General de Ordenación Urbana. El Ayuntamiento está esperando a que salgan las ayudas de la Xunta para ver si es viable esta modificación.

Respecto al polígono de A Picaraña, está pendiente de enviar las modificaciones efectuadas sobre el informe de Urbanismo a la Xunta, a Medio Ambiente y a Augas de Galicia para redacten sus informes.

Tras el pleno de ayer en Padrón, se decidió que el arquitecto municipal se encargue de controlar con mayor atención de los proyectos de obras particulares para que cumplan con la legalidad.

Telmo Martín, ex alcalde de Sanxenxo, acusado de prevaricación

Según informa La Voz de Galicia, Telmo Martín fue denunciado en el juzgado de Cambados ayer día doce de enero por un presunto delito de prevaricación. Al parecer, Construcuatro, empresa de la que es socio el ex alcalde, compró tres parcelas por un total de 595.000 euros, frente a la playa de Baltar de Portonovo. Estas fincas inicialmente rústicas fueron vendidas una vez clasificadas como suelo urbano por 2,8 millones de euros a la empresa Construziona Galicia, de la familia de Xosé Cuiña.

Construziona está actualmente construyendo un complejo residencial de más de cien viviendas en Baltar que a su vez estuvo rodeado de polémica por la supuesta invasión de un humedal.

Los terrenos causa del objeto de la denuncia son los anexos a la antigua fábrica de Consevas Peña, propiedad hoy en día de Construziona, y cuya titularidad también trajo fuertes controversias dado que los vecinos de la parroquia de Adina le reclamaban al concello la propiedad de los mismos.

La denuncia se apoya en el informe jurídico que solicitó el ayuntamiento en 2001 para determinar la titularidad de dichos terrenos, y en el que se afirmaba que eran un monte común de los vecinos de la parroquia. La inmobiliaria que adquirió los terrenos firmó siete meses después de su compra por 2,8 millones de euros, un convenio para la construcción de un centenar de viviendas de lujo.

Penalizaciones para las empresas que construyan en el plazo indicado

La Consellería de Vivenda e Solo ha tomado una vez más medidas contra la especulación, por ello penalizará a aquellas empresas que hayan adquirido suelo empresarial y se demoren en la construcción.

El plazo para construir la nave será de tres años, una vez pasado el plazo si no se ha empezado a construir, se revertirá la parcela con un 20 por ciento de penalización. Esta medida será una cláusula obligatoria en los contratos e compra-venta que realice la Xunta.

Sin embargo, esta no es la única causa en la que se llevará a cabo la reversión con el 20 por ciento de penalización, ya que la Consellería recoge dos casos más.

En primer lugar, se aplicará esta medida en aquellos casos en los que no se solicite la licencia de obra como máximo en un año. Deberá remitirse a la Consellería una copia de la solicitud en un plazo de 15 días, así como una copia de la resolución.

En segundo lugar se llevará a cabo esta sanción en los casos en los que la empresa no dedique la empresa en la parcela adquirida a la actividad por la cual se le adjudicó la misma.

No obstante, la Consellería de Vivenda e Solo se reserva el derecho de tanteo y retracto durante 10 años, en los que tendrá derecho de compra preferente al precio inicial de la parcela. Este derecho se derogará en el momento en el que la empresa presente la licencia de actividad definitiva y el comprador original haya solicitado la autorización previamente en la Consellería y garantice que el nuevo adquiriente acepta las condiciones del contrato inicial.

Pladur se adelanta a las normas de Armonización Técnica Europea

Pladur, empresa líder en España de placas de yeso laminado, ha empezado en Octubre a comercializar sus productos con el sello de la CE de manera voluntaria.

Los plazos límite para empezar a comercializar bajo el marcado CE este tipo de productos son diversos. Así, para perfiles galvanizados es el 1 de enero de 2007, para las placas está establecido el 1 de abril, y para las pastas de juntas, citas de juntas, techos y transformados es el 1 de abril.

El marcado CE es un símbolo de la conformidad de determinados productos con la Legislación de Armonización Técnica Europea, pero no se trata de un sello de calidad.

No obstante es un requisito obligatorio para que un producto pueda comercializarse en territorio de la Unión Europea. Este marcado garantiza un período de vida económicamente razonable y cumple con una serie de requisitos como higiene, salud, resistencia o seguridad de utilización.

Se dispara la oferta de naves

Las medidas de la Xunta referentes a suelo industrial, tienen consecuencias. La Xunta ha decidido penalizar a los propietarios que tengan las parcelas retenidas a la vez que ha prohibido revender esas parcelas.

Como consecuencia, ha aumentado la construcción de naves en estos casos y su posterior puesta en venta o alquiler.

Esta iniciativa sigue la línea de la Xunta de evitar en la medida de lo posible la especulación. Como ejemplo de esta política está la medida de penalizar con el 10 por ciento la reversión de una parcela.

Para la Xunta que las parcelas estén libres no sólo es culpa de la especulación, sino que parte de culpa es de la mala ubicación de los polígonos, que los hace poco atractivos para los empresarios.

Las obras de Rieter Saifa no se paralizarán

La jueza de O Barco encargada del caso de Rieter Saifa, ha decidido no paralizar las obras de la fábrica que esta multinacional estaba construyendo en A Rúa, por considerar desproporcionada esta medida.

La acusación particular pedía que se paralizaran las obras como medida preventiva por las supuestas irregularidades llevadas a cabo por el alcalde. Según la acusación, el alcalde promovió la ejecución de las obras de Rieter Saifa en unos terrenos que no pertenecen a su Ayuntamiento y sin planeamiento que lo ampare.

No obstante la jueza alega que no tiene lógica la medida preventiva solicitada por la acusación, porque por una parte las obras ya han terminado, y por otra parte porque ya está en trámite la licitación de dichas obras.