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La Consellería de Vivenda e Solo apuesta por evitar la especulación

La política de la Consellería de Vivenda e Solo intenta evitar en todo momento la especulación, por lo que no permitirá la reventa de las parcelas. Así, si algún propietario se ve en la obligación de vender su parcela, la comprará esta consellería por el precio que pagó en su momento sumándole el incremento del IPC.

De la misma manera, los propietarios que adquieran suelo firmarán un contrato de reversión, por el cual si no cumplen el contrato deberán vender el suelo a la consellería por el precio por el que lo adquirieron menos un 10 por ciento de penalización.

Se trata de que no queden parcelas vacías, ya que se estima que en estos momentos cerca del 45 por ciento de las parcelas creadas en los últimos 15 años están vacías. No obstante desde la consellería se propone la creación de 20 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Finalmente Teresa Táboas, Conselleira de Vivenda e Solo, ha defendido que las cuatro Xestur se rijan todas por los mismos criterios, los mismos objetivos y el mismo sistema de control de presupuesto, de información y de gestión.

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Algunas parcelas de Área 33 incumplen los plazos

Las cincuenta parcelas de Área 33, Silleda, ya están vendidas, tanto las 41 de la primera fase, como las 9 de la segunda.

No obstante, sólo hay 28 naves construidas o en proceso de construcción. El problema surge con las parcelas de la primera fase en las que todavía no se ha empezado a construir, ya que están incumpliendo el contrato. Las empresas tenían un plazo de hasta 3 años para solicitar la licencia y un plazo de 7 meses para iniciar las obras.

En estos momentos hay 7 parcelas que no han cumplido con estos requisitos, auque desde la Consellería anuncian que podrían unirse más. Por ello, se realizarán los estudios pertinentes para comprobar y decretar qué parcelas incumplen el contrato.

Así, la Consellería de Vivenda e Solo podría iniciar la reversión de estas parcelas con un 10 por ciento de penalización, lo que implicaría que pagaría a los propietarios un 10 por ciento menos de lo que ellos pagaron en su momento.

Esta es una iniciativa que pone en práctica la nueva política de Xestur Pontevedra, quien en esta nueva etapa pretende frenar la especulación. Sin embargo, los problemas de suelo que hay en Área 33, no supone ningún riesgo para la tercera fase de este polígono.

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El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSXG

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia que da la razón a la Comunidad de Montes de Meira obligando al ayuntamiento a anular el plan parcial del polígono de A Ran, Cuntis.

Este plan parcial había sido aprobado por el Ayuntamiento en 1999, pero ya existía una sentencia anterior en 2004 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, que obligaba al Ayuntamiento a anular dicho plan.

La Comunidad de Montes de Meira denunció que en el plan parcial existían defectos de procedimiento en el expediente, ya que dentro del ámbito del plan del parque había bienes de interés cultural, y en el plan no se había redactado nada al respecto.

Como consecuencia, el Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo de los gastos procesales.

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La Xunta ordena el derribo de una nave

La Xunta ha tramitado una orden para derribar parte de una nave de una empresa de hormigón en Manzaneda por estar construida encima de suelo rústico de protección de espacios naturales.

Pero no toda la nave está construida en suelo ilegal, ya que la finca donde está construida alberga dos tipos diferentes de catalogación de suelo. Por una parte hay construcciones en suelo de calificación urbana-industrial, y otras encima de suelo rústico.

No obstante ninguna de las construcciones tiene licencia ya que todavía está en trámite, pero el problema está en la construcción sobre suelo rústico. A pesar de las alegaciones del alcalde, que defiende que la construcción sobre suelo rústico es una mínima parte, la Xunta ha ordenado derribarla.

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Taboada está pendiente de que se desbloquee el polígono

Fernando Blanco, conselleiro de Innovación e Industria, visitó el pasado sábado las instalaciones de una fábrica en Tabeada que está siendo construida en un a parcela de lo que ya debería ser el polígono industrial de Taboada, que en estos momentos todavía sigue en la fase de la expropiación de los terrenos.

La construcción de esta nave se pudo empezar porque el Ayuntamiento de Taboada cedió a la sociedad Aira terrenos que ya eran de su propiedad.

Mientras, el Ayuntamiento está presionando a Xestur para que resuelva de una vez los problemas con las expropiaciones, pero es un proceso más complejo de lo que a primera vista pueda parecer.

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La Xunta obliga a actuar contra una nave con licencia en Padrón

La Consellería de Política Terrotorial ha resuelto que el alcalde de Padrón, Jesús Villamor, deberá adoptar medidas contra una nave situada en A Matanza junto al cementerio que, según la consellería, no se adapta a la legalidad.

El alcalde deberá actuar contra esta nave en el plazo de un mes. La consellería de Política Territorial empezó a investigar hace tres años tras recibir diversas denuncias sobre la legalidad de esta nave, ya que aunque el suelo está considerado como urbano residencial de edificación entre medianeras, el ayuntamiento concedió la licencia para construir una planta baja para almacén.

Por ello, el alcalde tendrá que restaurar el orden urbanístico por orden de la resolución de esta consellería.

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El TSXG impone en una sentencia el derribo de una nave en Dumbría

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado el recurso presentado por el propietario de una nave en Dumbría, Jesús Costa Franco, contra la resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo que imponía el derribo de su nave y una multa de 9.015 euros.

Por ello, la resolución del TSXG apoya la decisión de la Dirección Xeral de Urbanismo, y argumenta que la nave no fue construida en un núcleo rural, ya que está separada del conjunto de casas y es fruto de la concentración parcelaria. La concentración parcelaria se considera suelo no urbanizable de protección agropecuaria, por lo que imposibilita la construcción de edificios industriales.

El propietario por su parte, no rechaza la sentencia, pero cree que casos así son fruto de la falta de suelo industrial de la zona. No obstante, Jesús Costa Franco, intentó conseguir la licencia a posteriori, y no obtuvo una respuesta unánime. La Consellería de Industria no le puso pega ninguna, pero desde Política Territorial le echaron para atrás la licencia.

Como consecuencia, el abogado del propietario ha solicitado el empleo del terreno en el ámbito agrícola y que se suspenda la ejecución de la primera sentencia mientras no se resuelva definitivamente el asunto.

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El derribo de las naves industriales en Puxeiros empezará dentro de poco

En cuanto se solucione un problema de forma en la comunicación de la resolución judicial, el ayuntamiento de Mos llevará a cabo el derribo de las naves industriales construidas de forma irregular en Puxeiros.

En 2005 el ayuntamiento abrió veinticinco expedientes que tiene pensado llevar hasta las últimas consecuencias; si la sentencia declara que la nave es legalizable, se legalizará, pero si por el contrario no es legalizable, se derribará.

No obstante, gracias a esta política, cada vez son menos las industrias que se asientan de manera ilegal, en gran parte porque el departamento de urbanismo se ha encargado en los últimos años de seguir con atención cada una de las obras que comienzan en el ayuntamiento.

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Llega a Galicia una partida de acero corrugado que no cumple con la EHE

El Instituto para la Promoción de Armaduras Certificadas, IPAC, nos ha remitido una copia del fax que envió al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia para informar de la llegada a Galicia de una partida de acero corrugado que incumple las especificaciones de la Instrucción del EHE.

La partida de acero corrugado que viene de Liepajas Metalurgs, Lituania, quebranta las especificaciones relativas a las marcas de identificación del país de origen y del fabricante, ya que no cuenta con la autorización expresa de la Dirección Facultativa que asume bajo su responsabilidad la utilización del mismo.

Para ampliar la información, Galicia Naves ha puesto a disposición de los usuarios el documento enviado por el IPAC en la página www.galicianaves.com/ftp.

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Madrid es la primera en frenar el uso de suelo industrial para vivienda

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, informó de la aprobación del proyecto de moficación del Plan General por lo que se prohibirá la implantación de modalidades de alojamiento diferentes a hoteles en parcelas industriales. Así, en parcelas de carácter industrial no se podrán construir apartamentos turísticos, hoteles-apartamentos, hostales o pensiones con el objetivo de evitar un uso fraudulento de las parcelas o la reducción drástica de la disponibilidad de suelo industrial en Madrid.

En lo que respecta a Galicia, han sido ya varios los promotores y constructores que se han interesado por parcelas industriales que Galicia Naves tiene en venta para promover “lofts” o residencias temporales con carácter de despacho profesional. En estos momentos no parece ser un problema dado el alto precio del suelo industrial en la comunidad y el poco atractivo turístico de la mayoría de los polígonos; no obstante sí se empiezan a estudiar estas posibilidades para parques empresariales como el de Sanxenxo, o los de la zona norte de Lugo, donde a priori podría interesar este tipo de construcción para un turismo de temporada.

No obstante, el actual Planeamiento Urbanístico de Galicia, no permite el uso del suelo industrial como residencial salvo en casos en los que la vivienda esté ligada a la explotación y con unos requerimientos que a priori no facilitarían este tipo de actuaciones.

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El Concello de Carballo se compromete con la vigilancia urbanística

El Concello de Carballo ordena el derribo parcial de una nave industrial situada en el polígono industrial de Bértoa. La empresa ha iniciado de manera voluntaria la demolición del exceso de construcción para evitar mayores consecuencias como el pago de una sanción económica. El Concello fu el que detectó la irregularidad tras recibir la solicitud de aprobación de la ocupación por parte de la empresa, ya que la construcción no se correspondía con el proyecto presentado.

De esta manera, el ayuntamiento reafirma el compromiso que tiene desde 2003 respecto a la vigilancia urbanística con el fin de evitar la proliferación de construcciones ilegales.

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Zona Franca baraja acuidir al Tribunal de Cuentas

Una vez que se ratifique esta tarde la impugnación de las operaciones de compraventa, el abogado del Estado elaborará un informe, según manifestaron las fuentes consultadas, para determinar si existen indicios de irregularidad por parte de Zona Franca en la gestión de las actuaciones de Cangas y de Salceda. La razón es la ausencia de estudios de viabilidad económica y el enorme déficit que ocasionarían al organismo estatal las dos actuaciones industriales si llegaran a ejecutarse.

En virtud de los informes encargados por la actual dirección, el Consorcio estima que podría vender el metro cuadrado de suelo a las empresas en Cangas a 90 euros (15.000 pesetas). Para ello ha tomado como referencia el precio aplicado en el polígono de Castiñeiras, que se encuentra en las inmediaciones, y donde el precio por metro fue de 70 euros. La inversión prevista en el polígono de Cangas era de 87 millones de euros, de los que 12,6 se destinarían a la compra de los terrenos.

En el caso de Salceda el parque tendría una superficie de 89,1 hectáreas (890.000 metros cuadrados), de las que actualmente sólo están calificadas como suelo industrial 42. La compensación de 156.000 metros, ya urbanizados, al empresario que vendió la concesión de explotación de arcilla, provocaría que sólo el Consorcio sólo podría disponer de 207.000 metros cuadrados de suelo para vender a las empresas. La inversión prevista superaba los 44 millones de euros, mientras que el precio por metro cuadrado que podría aplicar Zona Franca (120 euros), sólo permitiría recuperar 24 millones. La actuación está en una fase más atrasada que la de Cangas, y el Consorcio aún no ha adquirido los terrenos. Hasta la fecha sólo había comprado la concesión de explotación de arcilla, que incluía la compensación en suelo industrial valorada en 18 millones.

Pleno

El pleno de Zona Franca está presidido por Corina Porro, y su vicepresidente es el delegado del Consorcio, Francisco López Peña. Como vocales participan Pedro Conde, Manuel Rodríguez, Javier Riera, Joaquín Bobillo, Luis Lara, José Manuel Figueroa, Ventura Pérez Mariño, Xulio Calviño, Lois Castrillo, Xabier Toba, Rafael Louzán, Julio Pedrosa y José García Costas. También están el secretario general del ente, Santiago López-Guerra, y el abogado del Estado, Juan José Vázquez.

Faro de Vigo, 12 de enero de 2005