Zona Franca ha decidido frenar en seco y cancelar los proyectos de los nuevos parques industriales de Cangas y Salceda al considerar que provocarían “un grave quebranto económico” a sus cuentas. La decisión supone anular las operaciones, ya en marcha, de compraventa de 780.000 metros cuadrados de suelo en el caso del polígono morracense, y de una concesión de explotación de arcilla en el concello del Baixo Miño por la que pagó al concesionario tres millones y también se comprometió a entregarle 156.000 metros cuadrados en el parque, con un valor estimado de 18 millones. El pleno del Consorcio deberá ratificar hoy la impugnación de la compra de los terrenos y la concesión -una resolución que ya obtuvo el visto bueno del comité ejecutivo en diciembre-, y facultar al abogado del Estado a que solicite a las sociedades vendedoras los seis millones de euros ya abonados. Zona Franca entiende que las adquisiciones de los terrenos, realizados durante el mandato como delegado de Pablo Egerique, se realizaron a un precio muy superior al del mercado, por lo que el conjunto de la operación se dispararía imposibilitando cualquier rentabilidad.
Antes de tomar esta drástica decisión, la actual dirección de Zona Franca, que encabeza Francisco López Peña, encargó dos estudios económicos, uno interno y otro externo, ya que no existían hasta ese momento, según las citadas fuentes. Los dos informes coincidieron, entre otras conclusiones, en que de construirse los dos parques industriales, la entidad sufriría unas pérdidas de 20 millones de euros en Cangas, y de otros 20 en Salceda. Para Zona Franca, los precios que se pagaron fueron “desorbitados”, por lo que ambas operaciones causarían “un grave quebranto económico” al organismo de hacerse efectivas.
En el caso de Cangas, la entidad estatal adquirió 780.000 metros cuadrados de suelo a dos sociedades -Promociones y Maderas Lago Rey, y Tiempo Libre y Ocio 2000 SL- al precio de 9 euros (1.500 pesetas) el metro cuadrado. Según la documentación registral recabada por los servicios internos, 18 meses antes de la operación de Zona Franca las citadas sociedades habían hecho una serie de transacciones en las que el valor medio del terreno, comprado previamente a los herederos del Conde de Aldán, rondaba 1 euro el metro cuadrado.
El Consorcio cree, además, desmesurado el precio al valorar las “malas condiciones orográficas del terreno, con grandes desniveles y mucho suelo granítico”, lo que provoca que la zona sea “inadecuada” para construir un polígono industrial y acarree elevados gastos de urbanización.
El organismo estatal hizo un primer desembolso a las dos sociedades de 3,15 millones de euros, y se comprometió a pagar la cantidad restante una vez que estuviese aprobado el Plan Parcial del parque empresarial. Además, abonó 3,6 millones por una explotación de granito en la parroquia canguesa de Aldán y empleó otros 1,4 millones en proyectos de planeamiento. La actual dirección de Zona Franca da por perdidos estos últimos cinco millones al creerlos justificados. Sin embargo, el organismo estatal sí quiere recuperar los otros 3,15 millones que pagó a las sociedades mencionadas.
Los dos informes económicos sobre el precio del suelo, junto con el análisis del proceso de compraventa elaborado por los servicios jurídicos internos, fueron puestos en manos del abogado del Estado, que redactó su propio informe. El Consorcio sustenta su derecho a cancelar la operación, y la reclamación de que se le devuelva el dinero pagado, en una cláusula del contrato que establece, según las citadas fuentes, que, de transcurrir dos años sin aprobarse el Plan Parcial, Zona Franca podría rescindir el contrato. El plazo ya ha vencido y este Plan está aún pendiente de su aprobación por la Xunta, que en su día declaró el proyecto “de interés supramunicipal”, por su carácter estratégico y al afectar a los concellos de Cangas y Bueu.
Concesión en Salceda
En el caso de Salceda, el desequilibrio económico provendría de la compra por tres millones de euros de la concesión de una explotación de arcilla afectada por el proyecto del parque a las sociedades Sial y Cerámicas Más. Además de abonar la cantidad económica -ya entregada, señalan las fuentes-, el Consorcio se comprometería a compensar al hasta entonces concesionario con 156.000 metros cuadrados de superficie dotada de servicios en el parque industrial cuando éste estuviese operativo. De nuevo, los informes señalan que el precio es desorbitado. Los técnicos cifran el valor del suelo industrial que le entregaría Zona Franca en el polígono de Salceda en 120 euros (20.000 pesetas) el metro cuadrado. De esta forma, “los 156.000 metros comprometidos superarían los 18 millones de euros, que unidos a los tres pagados elevarían la compensación a 21 millones”, exponen.
Los argumentos jurídicos de Zona Franca se sustentan aquí en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que facultaría al Consorcio a cancelar la operación por motivos justificados, con la obligación de pagar a la otra parte por los daños ocasionados. “Pero en realidad no habría que soportar daño alguno puesto que la explotación [la concesión de arcilla comprada] estaba inactiva”, comentan las fuentes próximas al Consorcio. Por ello, la entidad reclamará la devolución de los tres millones de euros.
Conversaciones
Los responsables de Zona Franca ya han mantenido, según ha podido saber este periódico, conversaciones con las sociedades con las que formalizó los contratos de compraventa para llegar a un acuerdo. “En Salceda el conflicto parece abocado a llegar a los tribunales”, apuntan las fuentes.
Sin embargo, en Cangas los contactos han tomado un cariz positivo y existe posibilidad de entendimiento si se renegocian las condiciones. En el mejor de los casos, Zona Franca construiría un parque industrial de 500.000 metros cuadrados en el área orográfica más adecuada. De ellos, 450.000 pertenecerían a las dos sociedades vendedoras, y el terreno restante se adquiriría mediante la vía de la expropiación.
Antes de formalizarse la compraventa de Cangas, el Consorcio preveía adquirir a las dos sociedades 1,1 millones de metros cuadrados. Sin embargo, se adquirieron 780.000 metros al haber un litigio sobre la titularidad del suelo. Los comuneros consideran que los terrenos eran públicos y fueron expoliados por los Condes de Aldán décadas atrás.
Faro de Vigo, 12 de enero de 2005