En el informe del gobierno sobre astilleros establece que se procederá a la restauración medioambiental de los terrenos y se construirán parques empresariales en aquellos de dificil recuperación. Así, se pondrán en marcha subvenciones, incentivos fiscales y bonificaciones para las firmas que se asienten en estos.
El escrito consta de 60 páginas y propone concentraciones y privatizaciones, pero sin concretar a qué plantas perjudicarán. Tampoco especifica cuánta gente perderá su empleo.
Sí explica que una nueva compañía resultante, aun manteniendo la presencia en los mercados civil y militar, tendrá una actividad predominantemente militar.
La creación de ésta futura compañía, cuya creación autorizó el Consejo de Ministros hace cuatro días, quedará constituida ya esta misma semana, según fuentes de la Administración central. Tras descartar la recuperación del nombre Bazán, el Gobierno maneja ahora «un listado de varias posibilidades» que está cotejando con los registros mercantil y de patentes. En principio, será una sociedad de responsabilidad limitada con un capital de 30.500 euros y sin inmovilizado material.
Pero luego, a la vuelta del verano, se convertirá en anónima, incrementará sus fondos e incorporará pasivos y activos propios. La controlará el Estado y aglutinará, previsiblemente, los centros de Cartagena, Ferrol (con Fene absorbido) y Puerto Real (con San Fernando asimilado). Falta por saber si las dos concentraciones serán jurídicas o también físicas, lo cual implicaría venta de instalaciones.
Según publica La Voz de Galicia hoy, el portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Tilman Lüder, asegura que Bruselas no decidirá si aprueba dicho proyecto al menos hasta mediados de septiembre.